El nuevo marco legal establece la obligación de instalar protecciones en viviendas desde el segundo piso donde residan menores o personas vulnerables, imputando la responsabilidad legal al habitante.
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles pudo establecer que determinados medidores continuaban registrando consumo eléctrico aun cuando las viviendas no tenían artefactos conectados o funcionando.
La reforma a la Ley de Copropiedad prohíbe las restricciones a sistemas anticaídas, exige resguardar ventanas y terrazas sobre el primer piso y fija estándares técnicos de calidad para las comunidades.
Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de información y comunicación.
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